El proyecto San Jorge, con una inversión estimada superior a US$ 600 millones, se perfila como el primer gran desarrollo cuprífero de una provincia históricamente asociada a la vitivinicultura, en un contexto marcado por la transición energética y el debate sobre licencia social.
La provincia argentina de Mendoza, reconocida internacionalmente como uno de los principales polos vitivinícolas del hemisferio sur, comienza a explorar un giro estratégico hacia la minería del cobre. En ese escenario, el proyecto San Jorge —un yacimiento de cobre y oro impulsado por la compañía Zonda Metals, con base en Suiza— emerge como el principal caso de prueba para compatibilizar la tradición agrícola y turística con la explotación de minerales estratégicos.
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La iniciativa, emplazada en la precordillera de los Andes, evalúa diversas alternativas de financiamiento que incluyen capital asiático, deuda tradicional, asociaciones de equity, acuerdos de offtake y esquemas de streaming de producción. El objetivo es reunir más de US$ 600 millones para dar paso a la construcción de la primera gran mina de cobre en la provincia. De concretarse el cierre financiero y los permisos, las obras podrían iniciarse en noviembre, con miras a comenzar la producción en 2028.
Un cambio de paradigma productivo
Durante décadas, Mendoza fue considerada un territorio poco propicio para la gran minería, debido a restricciones legales, preocupaciones ambientales y una fuerte sensibilidad social en torno al uso del agua. De hecho, el proyecto San Jorge ya había sido rechazado en 2011 por el Senado provincial, tras masivas protestas ciudadanas, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia minera local.
Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias relevantes: precios históricamente altos del cobre, una agenda nacional orientada a atraer inversión extranjera y una creciente valorización de los minerales críticos para la transición energética global. En ese marco, el proyecto ha logrado una nueva ratificación política, requisito indispensable en Mendoza, donde los emprendimientos mineros deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo tras superar la evaluación ambiental.
Producción proyectada y estándares modernos
Según los planes actuales, San Jorge contempla una producción anual de 40.000 toneladas de cobre en concentrado y 40.000 onzas de oro. La empresa sostiene que el proyecto aspira a convertirse en un referente de minería moderna, con altos estándares ambientales y una participación ciudadana robusta. De hecho, más de 10.000 personas intervinieron en el proceso de consulta pública, cifra que la compañía considera un respaldo a la legitimidad del procedimiento.
Tensiones sociales y debate territorial
Pese a estos avances, la iniciativa enfrenta una oposición activa de organizaciones ambientales y sectores políticos que cuestionan la existencia de una “licencia social” para la minería en la provincia. Las principales inquietudes se centran en el uso del agua en un territorio semiárido, los riesgos de contaminación y el impacto sobre la imagen turística de Mendoza.
Mientras tanto, el sur provincial, particularmente la zona de Malargüe, comienza a atraer el interés de compañías junior y grandes mineras internacionales, configurando un distrito emergente con decenas de permisos de exploración en trámite.
En definitiva, el proyecto San Jorge se ha transformado en una prueba clave para definir si Mendoza puede diversificar su matriz productiva sin renunciar a su identidad histórica, en un momento en que el cobre se consolida como un insumo crítico para el desarrollo energético del siglo XXI.
