El gremio minero destacó la disposición del Gobierno a revisar en profundidad el listado de sitios prioritarios, y pidió avanzar en mesas técnicas que aseguren un equilibrio entre conservación y desarrollo productivo.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) celebró la reciente decisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de no avanzar, por ahora, en la definición del primer listado de sitios prioritarios en el marco de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), hasta que todos los antecedentes técnicos sean revisados de manera exhaustiva. La medida fue anunciada por la ministra Maisa Rojas, en respuesta a las inquietudes planteadas por diversos sectores productivos.
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El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, valoró la resolución como “una señal de prudencia y apertura al diálogo”, subrayando que “el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”.
Revisión técnica y llamado al trabajo conjunto
El pronunciamiento del gremio minero se enmarca en semanas de tensiones entre los sectores productivos y el Ministerio del Medio Ambiente por el proceso de implementación de la Ley SBAP, promulgada en 2023. En particular, los gremios expresaron preocupación por el listado preliminar de 99 sitios prioritarios para la conservación, cuya elaboración —según señalaron— carecía de suficiente sustento técnico y de participación multisectorial.
“Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de una disposición genuina al diálogo. Esperamos ahora que se conformen las mesas de trabajo y se concrete un análisis técnico acabado, que incorpore la visión de todos los sectores involucrados”, afirmó Riesco.
El dirigente reiteró que SONAMI mantiene su disposición a colaborar activamente en la revisión de los sitios prioritarios, con propuestas que permitan resguardar la biodiversidad sin afectar innecesariamente actividades productivas fundamentales para el desarrollo nacional, especialmente aquellas vinculadas a la minería y la energía.
Una política pública con equilibrio ambiental y productivo
Desde el gremio minero enfatizan que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas constituye un avance relevante en materia ambiental, pero advierten que su implementación debe considerar una mirada integral del territorio, reconociendo la coexistencia entre conservación y desarrollo económico.
“La unión de los principales gremios productivos del país en torno a esta materia ha demostrado que cuando el sector privado trabaja coordinadamente, puede contribuir de manera constructiva al diseño de políticas públicas más sólidas”, sostuvo Riesco.
Agregó además que una implementación apresurada del marco regulatorio “podría generar efectos contraproducentes, afectando proyectos de inversión, empleo y competitividad, especialmente en regiones donde la minería y otras actividades extractivas son motores del desarrollo local”.
Contexto y próximos pasos
La Ley SBAP busca unificar la gestión de la biodiversidad bajo un único organismo, integrando funciones que actualmente se encuentran dispersas en diferentes servicios del Estado. El nuevo marco contempla la definición de sitios prioritarios para la conservación, figura que podría implicar restricciones de uso en zonas de actividad productiva.
Ante ello, SONAMI y otros gremios —como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)— solicitaron la suspensión del proceso hasta contar con estudios técnicos y consultas amplias que permitan dimensionar adecuadamente los impactos de esta normativa.
El Ministerio del Medio Ambiente respondió positivamente a dicha solicitud, comprometiéndose a una revisión profunda y a fortalecer los mecanismos de participación en la implementación del SBAP.
SONAMI: compromiso con una minería sostenible
La SONAMI reiteró su compromiso con una minería responsable y compatible con la protección ambiental, destacando que la sostenibilidad “es parte central de la agenda del sector y una condición esencial para su competitividad a largo plazo”.
El gremio adelantó que continuará trabajando junto a otras asociaciones productivas y autoridades públicas para contribuir a una implementación equilibrada de la Ley SBAP, que combine la conservación efectiva de la biodiversidad con el impulso al desarrollo económico y social del país.
“Estamos disponibles para aportar conocimiento técnico, experiencia territorial y propuestas constructivas. La clave está en avanzar hacia una institucionalidad ambiental robusta, pero también realista, que no detenga el progreso de Chile”, concluyó Jorge Riesco.
