El enfrentamiento legal por un terreno entre la Sociedad Agrícola Konavle y la Compañía Minera del Pacífico alcanza un nuevo capítulo.
Detalles del fallo judicial
La contienda entre la Sociedad Agrícola Konavle (SAK) y la Compañía Minera del Pacífico (CMP) ha captado la atención tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó. En un giro esperanzador para SAK, el fallo resaltó dos puntos clave: la actual disputa sobre los deslindes del terreno y las complicaciones en la autorización de construcción solicitada por CMP. La Ley General de Urbanismo y Construcción juega un papel central en esta batalla, dado que bajo su articulado se había solicitado originalmente la mencionada autorización.
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El fallo judicial no sólo rechaza un recurso de protección presentado por motivos de forma, sino que también subraya la existencia de un proceso complejo y en trámite que deberá ser resuelto, no por la corte, sino por la Dirección de Obras Municipales a través de sus procedimientos administrativos. Esta decisión deja entrever la estructura legal y los desafíos que enfrentan las partes involucradas, al tiempo que prolonga la incertidumbre sobre el desenlace de esta disputa territorial.
Implicaciones para el futuro del proyecto industrial
Este fallo tiene implicaciones directas para el futuro del proyecto industrial propuesto por CMP. Los detalles del fallo indicaron que la resolución final sobre la viabilidad de la construcción recaerá en manos de la Dirección de Obras Municipales de Vallenar. Esto pone en una posición crítica a esta entidad municipal, ya que debe considerar la controversia en curso referente a los deslindes del terreno involucrado antes de emitir cualquier permiso de construcción.
Desde SAK, la valoración del fallo es positiva, pues interpretan que esta decisión impide temporalmente a CMP avanzar con su proyecto mientras no se resuelva la disputa legal en su totalidad. Así, la dilucidación final de este asunto podría modificar significativamente el escenario para ambos actores del conflicto. La resolución final, pendiente de una revisión municipal detallada y técnica, mantendrá en vilo a ambos contendientes y a la comunidad afectada hasta su conclusión.