La relación entre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Comunidad Atacameña de Socaire atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio del proceso de conformación de la Red de Salares Protegidos (RSP). La comunidad indígena anunció la suspensión total de su participación en la consulta indígena y demandó que el sector Aguas Calientes III —conocido como Piedras Rojas— sea retirado del polígono de protección, argumentando que la decisión estatal vulnera compromisos históricos y derechos territoriales reconocidos. En palabras de su presidente, Rodrigo Varas Cruz, la comunidad exige excluir Aguas Calientes III de la Red de Salares Protegidos para permitir la continuidad del proceso de saneamiento territorial solicitado hace años.
Tensiones con el Ministerio de Medio Ambiente
El conflicto escaló tras la acusación de Socaire de que el MMA estaría “imponiendo figuras de protección” sobre territorios cuya calidad ancestral ya fue reconocida por el propio Estado. La comunidad sostiene que el saneamiento del predio Aguas Calientes III —tramitado desde 2018 bajo la Ley Indígena— quedó en suspenso producto de la pandemia y que, pese a su reactivación, la incorporación del sector a la RSP obligaría a Bienes Nacionales a rechazarlos.
Según su comunicado, la contrapropuesta del Ministerio reduce la transferencia de tierras “a una porción mínima”, desconociendo años de trabajo comunitario en conservación y turismo, actividades que representan una de sus principales fuentes económicas.
“Aguas Calientes III no es negociable”
La dirigencia de Socaire subraya que el área de Piedras Rojas sostiene su proyecto de vida y su principal actividad económica vinculada al turismo de naturaleza. El sector cuenta con senderos, miradores, señaléticas y rutas mantenidas por la comunidad, lo que refuerza su argumento respecto del rol que han tenido en la preservación del entorno.
Rodrigo Varas insistió en que no se puede hablar de conservación ambiental sin “respetar derechos, historia y sistemas de vida”, asegurando que el Estado había comprometido la regularización de estas tierras antes de iniciar la Estrategia Nacional del Litio.
Asamblea y decisiones internas
El quiebre formal ocurrió el 23 de noviembre, cuando la asamblea general de Socaire decidió rechazar la propuesta del MMA, suspender su participación en la consulta indígena y solicitar una revisión completa del proceso. La comunidad pidió establecer una “técnica real y vinculante” que corrija el rumbo y restituya garantías sobre la transferencia de tierras.
Su exigencia principal es que el Ministerio excluya el polígono de Aguas Calientes III de la Red de Salares Protegidos para permitir que Bienes Nacionales continúe con el trámite de traspaso, condición que consideran indispensable para preservar sus proyectos productivos y su autonomía territorial.
Repercusiones en la política de conservación
La controversia abre un flanco complejo para el Gobierno en medio del avance de la Estrategia Nacional del Litio y la creación de la RSP, dos iniciativas que dependen de procesos de consulta indígena legítimos y representativos. La respuesta del Ejecutivo será clave para destrabar el conflicto y evitar que se proyecte sobre otros territorios donde también convergen usos tradicionales, turismo comunitario y planes de conservación estatal.
